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Caducidad en proceso de reparación directa donde se reclama la existencia de falla del servicio

Se ordena a la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir nuevo fallo tras declarar fundado recurso extraordinario de revisión que declaró caducidad en proceso de reparación directa donde se reclama la existencia de falla del servicio del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por la acción de un grupo paramilitar.


Síntesis del caso: Se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión por nulidad originada en la sentencia formulado contra la decisión inhibitoria proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado tras estimarse que la autoridad cuya decisión se cuestiona no se enfocó en la fecha del daño antijurídico demandado (destrucción total de la finca y hurto del ganado), de cara a la conducta imputada al Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), que le hubieran permitido proferir una decisión de fondo, sin que fuese viable contabilizar la caducidad de esta acción en la forma en que se hizo, pues tanto en los hechos como en las pretensiones de la reparación directa se imputan dos hechos contundentes que se materializan en forma posterior a la ocupación que se tuvo como referente para soportar el fallo censurado.


RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Se declara fundado / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA – En la modalidad de falta de congruencia / CONGRUENCIA – Relación con la causa petendi / CONGRUENCIA Y DECISIÓN INHIBITORIA – Elementos diferenciadores / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Se declara fundado / DECLARATORIA DE CADUCIDAD – No era necesaria / CADUCIDAD – Debió contabilizarse desde fecha del daño antijurídico demandado


Problema Jurídico: “[D]eterminar si existen razones fundadas para declarar la prosperidad de la causal 5º del artículo 250 del CPACA, nulidad originada en la sentencia, estructurada en la violación al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política y en la transgresión a la garantía de acceso a la administración de justicia, aunado a la incongruencia de la decisión, respecto de la sentencia del 1° de octubre de 2018, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y que convergen en un supuesto fáctico procesal, que debe ser determinado por la Sala de Decisión, atinente a la caducidad de la acción.”


Tesis: “[N]o se advierte por esta Sala de Decisión que se haya pretendido, por lo menos, no desde la formulación contenida en dicha demanda, que se atribuya a la accionada la conducta omisiva de falta de protección y de acción efectiva por la mera ocupación del grupo al margen de la ley, sino que la certeza del daño la formulan e imputan a los dos hechos contundentes que alegan (…) (i) la destrucción total de la finca y (ii) el hurto de 560 semovientes, acontecidos, itera la Sala, en junio de 2003 (…) [L]a ocupación de la finca por las AUC ocurrió a la altura del mes de marzo de 2003, pero institucionalmente, ese acontecer fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, mas no del Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), y es a éste último a quien se le imputa el daño antijurídico (…). En efecto, el daño antijurídico que se imputa en la demanda a la supuesta conducta omisiva e inactiva del Ministerio de Defensa (Ejército Nacional) se materializa en dos afectaciones, a saber: la destrucción total de la finca “El Peral” y el hurto del ganado (560 semovientes), que no fueron conocidos por ninguna persona ni autoridad sino el 13 de junio de 2003, día de su real, actual y cierto acontecer. (…) Ahora, indicar que si era viable conocer la conclusión de los hechos en marzo de 2005, es decir, dos años después, porque ya se sabía, ineluctablemente, de la destrucción de la finca y del hurto del ganado, sería tanto como predicar la operatividad de la caducidad basándose en la falacia de que el daño antijurídico, ya era presente, cierto, actual y determinado; pues ha de recordarse que la caducidad, figura a merced del tiempo, parte de supuestos de actualidad y certeza en el hecho dañoso o conducta dañosa génesis del daño antijurídico, lo que implica que se da en circunstancias de tiempo presente y no en lo que se supone va a suceder, en lo incierto o aleatorio, salvo claro está cuando en márgenes de probabilidad se tenga un nivel alto de contingencia en su ocurrencia, pero lo cierto es que para ello, el legislador y la jurisprudencia, han apelado a determinar presunciones o en últimas, el operador ha abogado por interpretaciones para el caso concreto y específico que juzga, no siendo una generalidad de efectos inclusivos y aplicables a todos los casos. Esta decisión se enmarca entonces dentro del contexto de que, a juicio de la Sala de Decisión, la sentencia inhibitoria (mencionada como denegatoria en la parte resolutiva de la sentencia revisada) no era verdaderamente necesaria, porque el juez de la reparación directa, tuvo la oportunidad de adoptar un parámetro diferente y conducente que le hubiera permitido proferir una decisión de fondo.”


Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 1 de septiembre de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2020-00266-00(REV).


Documento completo: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/229/11001-03-15-000-2020-00954-00.pdf


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