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Competencia exclusiva para determinar la disminución de capacidad laboral - Policía Nacional

La determinación del porcentaje de la disminución de la capacidad laboral es competencia exclusiva de las autoridades médico laborales, sin que pueda ser modificada por el juez y de allí derivar el reconocimiento de la pensión de invalidez.


Síntesis del caso: Subintendente de la Policía Nacional sufrió dos accidentes de tránsito. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional le practicó la respectiva evaluación médica y fijó la disminución de la capacidad en un porcentaje 48.49%, la cual fue reiterada por el del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, razón por la cual, se negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por ser un índice inferior al exigido en el Decreto 4433 de 2004. La decisión fue demandada y, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo modificó el porcentaje de incapacidad fijada y reconoció la prestación solicitada, como consecuencia de una interpretación de las tablas de incapacidad, consagradas en el Decreto 094 de 19989 y modificando la edad a la cual se debió realizar la respectiva evaluación al servidor.


DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL – Competencia exclusiva de las autoridades médico laborales / DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL POR EL JUEZ– Incompetencia / RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ- Improcedencia


Problema Jurídico: ¿Es posible el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a un miembro de la Policía Nacional, con fundamento en la modificación del índice de pérdida de la capacidad realizada por el Tribunal Administrativo, a través de la sentencia apelada, que lo incrementó a 52.06%?


Tesis: “De conformidad con el Decreto 094 de 1989 la capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública será determinada por las autoridades médico laborales militares y de policía, entre ellos la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión (art.19). (…) De forma subsidiaria la calificación puede ser realizada por las Juntas de Calificación de Invalidez, en la calidad de peritos, como lo indica el artículo 1 del Decreto 1352 de 2013, que reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, al precisar que dicha normativa no se aplica al régimen especial de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Sin embargo, el parágrafo de la misma norma habilita su actuación como peritos para los beneficiarios del citado régimen, y en el mismo sentido el numeral 9 del artículo 28 indica que la solicitud de valoración para convocar la Junta puede ser presentada por “Las autoridades judiciales o administrativas, cuando éstas designen a las juntas regionales como peritos”. Así las cosas, el Tribunal como juez de legalidad de las actas que fijaron el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del demandante, actuó fuera del marco de su competencia, cuando concluyó que la pérdida real de la capacidad laboral del accionante correspondía al 52.06%; consideración a la que arribó a partir del análisis de las tablas del Decreto 094 de 1989 y cambiando la edad a la cual en su criterio debió ser valorado el demandante por la Junta Médica Laboral de la Policía y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Dicha facultad reglada de las autoridades competentes frente a la calificación de la pérdida de la capacidad psicofísica, en todo caso, de manera alguna excluye el ejercicio de valoración probatoria que debe realizar el juez frente a los fundamentos del dictamen, máxime en casos como el presente, donde existen varios dictámenes con porcentajes diferentes sobre la pérdida de la capacidad laboral del afectado. Surge de lo expuesto, que como resultado del análisis de la fuerza probatoria de dos dictámenes el juez puede darle más credibilidad a alguno, pero en ejercicio de dicha valoración no es competente para integrar uno nuevo que varíe el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Por consiguiente, no era procedente que el Tribunal Administrativo del Quindío aumentara el porcentaje de disminución de la capacidad laboral, al concluir que se incrementó el índice de la lesión, para un total de 52.06%, otorgándole al actor el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez.”


Fuente: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/229/63001-23-33-000-2015-00062-01.pdf


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