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Elementos esenciales de impuesto social a las municiones y explosivos, facturas de recaudo (alcance)

La Sala precisó los elementos esenciales del impuesto social a las municiones y explosivos, así como el alcance jurídico de las facturas de recaudo expedidas por INDUMIL.


Síntesis del caso: Se negó la nulidad de las facturas mediante las cuales INDUMIL liquidó y cobró el impuesto social a las municiones y explosivos generado por las compras de explosivos efectuadas por un contribuyente. Lo anterior, porque la Sala concluyó que la liquidación del tributo se ajustó a la legalidad, dado que la tarifa del 20%, que se cobra ad valorem, se aplicó sobre el valor total de la transacción que configuró el hecho generador del impuesto. La Sala consideró que procedía el control de legalidad de las facturas expedidas por INDUMIL por dicho concepto, con anterioridad al 20 de junio de 2014, porque para ese momento no existía claridad sobre la entidad competente para administrar el tributo ni sobre los recursos procedentes contra los actos liquidatorios del mismo, situación que se superó con la Resolución 124 del 20 de junio de 2014, mediante la cual la DIAN designó las dependencias de la entidad encargadas de decidir los recursos contra tales actos. Por ende, se precisó que, a partir de dicha fecha, el acto administrativo de determinación del impuesto social a las municiones y explosivos susceptible de control judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es el expedido por la DIAN con ocasión del pronunciamiento que le corresponde provocar al interesado.


Problema Jurídico 1: ¿Procede el control de legalidad de las facturas por medio de las cuales INDUMIL recaudó el impuesto social a las municiones y explosivos respecto de la parte actora? Tesis 1: “La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante providencia del 10 de febrero de 2014 Rad. 2013-00381-00 declaró que la DIAN es la entidad competente para la administración de los impuestos sociales al porte de armas de fuego y a las municiones y explosivos, establecidos por el artículo 224 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011, con excepción de la recaudación que le corresponde a INDUMIL. Con fundamento en la anterior decisión, la DIAN mediante la Resolución 124 del 20 de junio de 2014 resolvió designar las dependencias oficiales encargadas de resolver los recursos en materia de los impuestos sociales al porte de armas de fuego y a las municiones y explosivos. Lo anterior para precisar que toda vez que para la fecha de expedición de los actos acusados (3 y 11 de diciembre de 2012), esto es, antes de la Resolución 124 del 20 de junio de 2014, no existía claridad respecto de la autoridad competente para la administración del tributo, ni mucho menos claridad respecto de los recursos procedentes contra la factura, la Sala conocerá sobre la legalidad de tales actos (…) Se precisa que a partir de la expedición de la Resolución 124 del 20 de junio de 2014, existe claridad respecto a la autoridad competente para resolver los recursos que se interpongan en contra de los actos administrativos que liquiden el impuesto, razón por la que a partir de tal fecha los contribuyentes deben acudir ante la DIAN y generar el acto susceptible de control judicial (…) De esta forma la Sala fija su posición en el sentido que a partir del 20 de junio de 2014, a efectos de discutir en sede judicial la determinación del impuesto social a las municiones y explosivos, el interesado debe provocar un pronunciamiento de la DIAN respecto de las cuantías cobradas a través de la factura. De modo que es contra estos actos administrativos de contenido tributario y no contra las facturas emitidas por INDUMIL que procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”.


Problema Jurídico 2: ¿Las facturas acusadas incurrieron en indebida motivación por ausencia de los elementos constitutivos del impuesto social a las municiones y explosivos? Tesis 2: “La Sala advierte, que respecto a los elementos del impuesto social a las municiones y explosivos, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencias C-390 de 1996 y que posteriormente reiteró su posición en la Sentencia C-608 de 2012 (…) Si bien la Corte Constitucional realizó un análisis abstracto para determinar los elementos del tributo, la Sala procederá a realizar un análisis en concreto sobre ellos, conforme al artículo 48 de la Ley 1438 de 2011 (…) Para el caso del impuesto social a las municiones y explosivos, tal como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-390 de 1996, la tarifa aplicable es del 20% que se cobrará como un impuesto ad valorem de acuerdo al artículo 48 de la Ley 1438 de 2011 (…) Los impuestos ad valórem son tributos que recaen sobre un producto o servicio gravado, y la cuantía se calcula de acuerdo con un porcentaje que recae sobre el hecho gravable (…) De acuerdo con la definición de cobro (…), se parte de la existencia de una transacción, sobre la que se persigue el pago de una deuda. En el caso de los impuestos ad valórem, el tributo recae sobre una transacción, que para el caso de los explosivos, la transacción se encuentra compuesta por varios elementos (…) En el presente caso, la actora presentó ante INDUMIL una solicitud de transacción con explosivos, la que de acuerdo al artículo 11 del Decreto 1809 de 1994 debe cumplir con los siguientes requisitos (…) Según la norma transcrita, la transacción no se realiza únicamente del producto explosivo, sino que incluye los accesorios y la designación de una persona para el control de su empleo. Además, como los explosivos se consideran un material peligroso, para su transporte, el artículo 18 del Decreto 1809 de 1994 contempla (…) Según lo expuesto, para que la transacción sobre explosivos se concrete, se requiere de un servicio de escolta para el transporte autorizado, que incluye tanto los explosivos como sus accesorios. En consecuencia, la transacción que se realice sobre explosivos no puede realizarse únicamente de un material explosivo, sino que se requiere que sea vendido de manera conjunta, con los accesorios, el servicio de escolta, la persona designada para su control y demás elementos que integran la transacción, por lo que el impuesto ad valórem a los explosivos recae sobre el valor económico de los elementos gravados (…) La Sala advierte, que el impuesto bajo análisis al ser cobrado ad valórem, determinó que la tarifa del 20% recae sobre una transacción, por lo que en el caso del impuesto social a las municiones y explosivos, el sujeto pasivo es el que paga por las municiones o los explosivos y el hecho generador, la transacción de las municiones o explosivos, que en el presente caso es la compra venta de dichos productos, de acuerdo a lo establecido por el legislador. En el presente caso, la actora adquirió explosivos de INDUMIL, por lo que en la factura 2882710 se calculó el valor total del producto vendido en $20.028.000 y se aplicó la tarifa del 20% del artículo 48 de la Ley 1438 de 2011, por lo que se determinó como impuesto social a la municiones y explosivos $4.005.600, cumpliendo con lo establecido en la norma enunciada. De la misma manera, la demandada expidió la factura 2882724 en la que se calculó el total del precio del producto en $751.156.900 y se aplicó el 20% en $150.231.380 de impuesto social a las municiones y explosivos, por lo que no se evidencia violación a la norma analizada, ya la transacción incluyó en legal forma el valor económico de los elementos gravados”.


Fuente: Boletín Consejo de Estado

URL: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/227/20001-23-33-000-2013-00300-01.pdf



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