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En Recurso Extraordinario de Revisión condenan al Estado por homicidio de los diputados

En Recurso Extraordinario de Revisión condenan al Estado por homicidio de los diputados del Valle del Cauca a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.


Síntesis del caso: Los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC E.P., en ejercicio de la acción de grupo, instauraron varias demandas que fueron acumuladas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a efecto de obtener se declarara la responsabilidad por falla en el servicio de la Nación, Ministerio de Defensa- Policía Nacional y Departamento del Valle del Cauca, con ocasión de la muerte en cautiverio de los 11 diputados y, como consecuencia de ello, que se condenara a las entidades accionadas al pago de las sumas que cada grupo acreditara respecto de perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación, considerándose en sede de eventual revisión de la acción de grupo que no existía cosa juzgada respecto a la acción de grupo instaurada por las partes cuando se produjo el secuestro, luego de indicar que la sentencia cuestionada se apartó del precedente de la Corporación al analizar la responsabilidad del estado por los daños ocasionados por un tercero actor del conflicto armado.


MECANISMO EVENTUAL DE REVISIÓN EN ACCIÓN DE GRUPO / DIPUTADOS SECUESTRADOS DEL VALLE DEL CAUCA – Por un grupo de rebeldes militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC EP / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Concepto / DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Alcance / DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD PERSONAL – Está asociado al derecho fundamental a la vida / TOMA DE REHENES Y MUERTE EN CAUTIVERIO – Conexidad / DEBER JURÍDICO DE EVITAR RESULTADO DAÑOSO / ESQUEMA DE IMPUTACIÓN DE FALLA DEL SERVICIO – Por omisión en la posición de garante / PRECEDENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Hace referencia a la ausencia del elemento intencional dolo o culpa / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Con ocasión de los daños ocasionados por un tercero actor del conflicto armado / INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA CUANDO SE PROFIERE SENTENCIA DE REPARACIÓN DIRECTA QUE RECONOCE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA TOMA DE REHENES – Cuando posteriormente se instaura acción de grupo para pedir que se reconozca el pago de perjuicios derivados de la muerte en cautiverio


Problema Jurídico 1: “[V]erificar si la sentencia del 22 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca: 1) se apartó del corpus juris del derecho internacional humanitario en lo concerniente al deber de protección de los derechos humanos que debe asumir el Estado en los eventos de conflicto armado interno. Ello asociado a la conexidad que existe entre el secuestro y la muerte en cautiverio”, luego de lo cual debe establecerse “si la decisión objeto de revisión armoniza con el precedente de la Corporación, al analizar la responsabilidad del estado por los daños ocasionados por un tercero actor del conflicto armado”.

Tesis 1: “[E]l atentado contra el derecho a la seguridad personal que se materializa en actos ilegales y reprochables a la luz del orden interno y de los instrumentos internacionales como el secuestro y/o toma de rehenes, ha llevado a considerarlos como uno de los más graves que lesionan a la sociedad. (…) El delito de toma de rehenes, es calificado como un crimen que atenta directamente contra la libertad individual, y en muchos casos la vida e integridad física de quienes lo padecen. (…) [L]a anulación o restricción del derecho a la libertad personal, no solo trasgrede un único bien jurídico como la libertad, sino que está asociado a un sin número de derechos humanos que se cercenan o limitan de manera inmediata, entre ellos, uno de los más importantes, el derecho a la vida (…) [E]l secuestro, o toma de rehenes al tratarse de una privación arbitraria de la libertad en virtud de un conflicto armado, pone en riesgo la vida de la víctima dado que ésta se encuentra en un estado total de indefensión (…) En tal sentido, el secuestro como limitante del derecho a la libertad personal, constituye una conducta continuada y solo cesa sus efectos con la liberación de la víctima, o con su muerte, porque en uno u otro evento, o bien se restablece el derecho de quien ha sido privado arbitrariamente de la libertad o se le impide de forma definitiva la capacidad de gozar del mismo. (…) [L]a muerte de quien fue secuestrado o tomado como rehén en el marco de un conflicto armado, representa una consecuencia directa y prolongada de la omisión en el deber de la protección de la libertad personal, ya que con dicha omisión se generó el riesgo de perder la vida, que bien pudo ser evitado de haberse actuado. (…) [L]a limitación arbitraria de la libertad personal a través de los actos ilegales de la toma de rehenes y/o secuestro, está asociada a la vulneración de otros derechos humanos entre ellos de la vida, dado que coloca a la víctima en estado de indefensión, la instrumentaliza y anula toda posibilidad de autodeterminación. (…) [L]os precedentes de la Corporación se inclinan al análisis de la falla en el servicio por omisión en la posición de garante institucional, en eventos en que el hecho dañoso se produce como consecuencia de un conflicto armado interno. (…) [L]os precedentes jurisprudenciales se han orientado a atribuir la responsabilidad del Estado, analizando el deber de protección que le asiste, en sus dos dimensiones convencional (art. 1.1) y constitucional (art. 2- 2 y 218). La responsabilidad surge por la omisión de sus obligaciones de garantizar la efectividad de los derechos humanos, las cuales se traducen en actuar de manera eficiente, utilizando todos los medios a su alcance, de manera que los derechos garantizados por la convención no sean limitados ni vulnerados por autoridades del Estado ni por terceros.”


Problema Jurídico 2: “¿Opera la cosa juzgada en aquellos eventos en que se profiere sentencia de reparación directa que reconoce perjuicios derivados de la toma de rehenes y con posterioridad se instaura la acción de grupo para pedir que se reconozca el pago de perjuicios derivados de la muerte en cautiverio?”

Tesis 2: “La respuesta al interrogante es negativo. La tesis se fundamenta en que, aunque la acción de reparación directa y la acción de grupo, hoy medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, comparten la naturaleza indemnizatoria, debe demostrarse en las dos la igualdad de partes, objeto y causa para que se pueda predicar que se presentó el fenómeno de la cosa juzgada. (…) Es importante resaltar que el ordenamiento jurídico permite, en virtud del derecho de exclusión, que el interesado pueda iniciar una acción independiente del resto de las personas cobijadas por la misma causa que originó un daño plural, no obstante, cuando no ejercen el derecho de exclusión del grupo, resultan vinculadas por lo decidido en una acción instaurada en su nombre, tanto si se han hecho parte en el proceso como si no. (…) [E]l criterio acogido por la Corporación en estos eventos en que se interponen acciones de reparación directa y acciones de grupo, es aquel en el cual se estudia el fenómeno de la cosa juzgada ligado al objeto del litigio, esto es, que se trata en el fondo de asuntos en los que se debaten y definen intereses subjetivos. De manera, que la cosa juzgada se materializa en el hecho en que en sede judicial no pueda debatirse nuevamente un proceso, que sea tramitado por las mismas partes, verse sobre igual objeto, y se funde en la misma causa de otro que ya haya sido definido mediante sentencia ejecutoriada. En suma, en estos casos, el litigio está constituido por tres aspectos. Elementos a los que hace referencia en igual sentido, el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable al medio de control de reparación de perjuicios a un grupo, en virtud de la remisión normativa del artículo 306 del CPACA. (…) En los términos de la Ley 472 de 1998, lo decidido en el medio de control colectivo tiene efectos de cosa juzgada para los miembros del grupo a favor del cual se interpuso –tanto si hicieron parte del proceso o no y salvo las excepciones antes señaladas-, lo que, en consideración a lo dispuesto en el entonces artículo 175 del CCA y ahora 140 del CPACA sobre las acciones de reparación directa, significa que a favor del mismo grupo no podrá adelantarse, contra el mismo demandado, otra acción con un objeto idéntico y con fundamento en la misma causa.”


Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, C.P. Gabriel Valbuena Hernández,

sentencia del 9 de septiembre de 2020, radicación: 6001-33-31-001-2008-00134-01.


Fuente: Boletín Consejo de Estado.

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/235/235.pdf

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