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Se condiciona la aplicación del Decreto 1844 del 1 de octubre de 2018

Se condiciona la aplicación del Decreto 1844 del 1 de oc-tubre de 2018, reglamentario del Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.


Síntesis del caso: Se presentaron demandas con el fin de obtener la nulidad del Decreto 1844 de fecha1 de octubre de 2018, “Por medio del cual se adiciona el capítulo 9º del título 8º de la parte 2ª del libro 2º del Decreto 1070 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, por considerar que vulnera los artículos 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 49 y 150 de la Constitución Política, 2 de la Ley 30 de 1986, el Acto Legislativo 02 de 2009, y la Ley 1801 de 2016, especialmente, sus artículos 33, 38, 39, 59, 92, 140, 146, 159, 164, 192, 210 y 222.


Problema jurídico 1: “Determinar si el GOBIERNO NA-CIONAL con ocasión de la expedición del Decreto 1844 de 1° de octubre de 2018, “por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, ́Decreto Único Regla-mentario del Sector Administrativo de Defensa ́, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Poli-cía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar dro-gas o sustancias prohibidas”, llegó a quebrantar los artículos 1°, 2°, 6°, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 49 y 150, 189 numerales 4° y 11 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 02 de 2009, el literal j) del artículo 2° de la ley 30 de 1986, así como los artículos 2°, 33, 38, 39, 59, 92, 140, 146, 159, 164, 192, 201 y 222 de la Ley 1801 de 2016, (i) al poner en riesgo la vida, honra, bie-nes y derechos de los consumidores de sustancias prohibidas; (ii) al desconocer la autonomía de las per-sonas haciendo nugatorio el derecho a la libre desa-rrollo de la personalidad; (iii) al desconocer el princi-pio de legalidad, reserva deley y tipicidad respecto de las medidas sancionatorias a los consumidores de sustancias en la cantidad denominada dosis mínima; (iv) al extralimitarse en el ejercicio de la competencia tipificando una conducta que está permitida y no puede ser objeto de sanción alguna; (v) al no estar di-rigida la medida a fines preventivos y rehabilitadores; (vi) al trasladar la competencia a la Policía Nacional respecto del tratamiento médico y psicológico de las personas con adicción a sustancias no autorizadas y; (vii) al trasgredir los deberes de las autoridades de Policía.”


Tesis 1: “[La Sala considera que] la reglamentacióncontenida en el acto acusado no desconoce los prin-cipios que rigen el Estado Social de Derecho, ni los ar-tículos 1º, 2º, 5°, 6º, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 49, 150 y 189 (numerales 4º y 11) de la Constitución Política; 2º (literal j)) de la Ley 30 de 1986 y 2º, 33, 38, 39, 59, 92, 93, 140, 146, 159, 164, 192, 201 y 222 de la Ley 1801 de 2016, tampoco la jurisprudencia de la Corte Cons-titucional sobre esta materia ni incurre en los defectos de falta de competencia y falsa motivación. [Ello dado que] -En un Estado Social de Derecho las autoridades públicas deben equilibrar el ejercicio de las libertades ciudadanas con las garantías asociadas al orden pú-blico, a la convivencia, a la tranquilidad, a la seguridad, a la integridad del espacio público y al respeto de los derechos ajenos. -El interés superior de los niños, ni-ñas y adolescentes, es un principio de medular del Es-tado Social de Derecho que debe materializarse al momento de tomar decisiones públicas que afecten a este grupo poblacional. -Las acciones que desplie-gue el Estado en materia de SPA, a través de los ser-vidores que hagan parte de la Policía Nacional, deben partir de la premisa consistente en que la decisión de utilizar tales sustancias psicoactivas en sí mismo, pertenece a la esfera privada del consumidor -como un componente del libre desarrollo de su personali-dad-, quien también debe respetar con su conducta los derechos ajenos y el orden jurídico. -El Decreto 1844 de 2018 no desconoce lo dispuesto en los ar-tículos 1º, 2º y 13 de la Constitución Política, dado que: i) el abordaje del problema público de las drogas ilícitas requiere tanto de la participación pedagógica-correctiva de la Policía Nacional -en el marco de las competencias fijadas en el artículo 218 de la Consti-tución Política-, como de la interlocución de las insti-tuciones de naturaleza pública y privada aludidas en la Ley 1566 de 2012 -encargadas de adoptar acciones preventivas y terapéuticas-; ii) en armonía con los principios de coordinación, concurrencia y subsidia-riedad, el artículo 25 del CNSCC reconoce que las au-toridades de policía ejercerán sus competencias, “sin perjuicio de las demás acciones que en derecho co-rrespondan” en materia educativa y profiláctica, y, iii) los reproches sobre la inexistente capacidad de la au-toridadde policía y el presunto riesgo de abusos y maltratos, comprenden juicios de valor ajenos a la le-galidad del acto administrativo demandado, y desco-nocen los principios y deberes que guían el procedi-miento de verificación policivo contenido en el Decreto 1844 de 2018 (proporcionalidad, razonabili-dad, necesidad, no discriminación y respeto de los de-rechos humanos). -El Decreto 1844 de 2018 también respeta lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitu-ción Política, según la hermenéutica fijada por la Corte Constitucional en la sentencia C-574 de 2011, dado que la medida correctiva allí reglamentada “no tiene carácter sancionatorio”, su objeto es “disuadir, preve-nir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o res-tablecer la convivencia” y, por lo tanto, en los términos de los artículos 1° y 172 de la Ley 1881,no desconoce los fines y medios que deben direccionar el actuar del Estado en materia de SPA, dado que el consumidor debe respetar los derechos ajenos y, además, el con-sentimiento informado del adicto se extiende solo a los procedimientos médicos mas no a los pedagógi-cos. -El acto demandado tampoco contraria lo re-glado en los artículos 1º, 2º, 12, 15 y 16 de la Consti-tución Política, toda vez que los argumentos planteados por la parte actora parten de una lectura aislada e incompleta del criterio sostenido por la Corte Constitucional en las sentencias C-221 de 1994 y C-253 de 2019, dado que el legislador no está facul-tado para penalizar el consumo, pero si puede impo-ner límites modales para el ejercicio de tal comporta-miento a través del derecho policivo. -El acto acusado no contiene temáticas sujetas a reserva de ley, tam-poco desconoce los artículos 6º, 28 y 29 de la Consti-tución Política, ni incurre en el vicio de falta de com-petencia, en la medida en que el decreto 1844 reglamentó el CNSCC en el componente de porte y te-nencia de SPA, sin regular un derecho fundamental o sobrepasar con ello la potestad reglamentaria. Con-cretamente, el comportamiento prohibido, la medida correctiva y el procedimiento de aplicación fueron previamente consagrados por el legislador en los artículos 34 (numeral 1°), 39 (numeral 1°), 59 (nume-ral 9°), 92 (numeral 8°) y 93 (numeral 1°), 192 y 222 del CNSCC y, por ello, el Gobierno Nacional estaba fa-cultado para desarrollar tales contenidos. -La medida correctiva a que alude el Decreto 1844 de 2018 tam-poco quebranta lo dispuesto por el artículo 34 supe-rior o lo señalado en los artículos 173 y 192 de Ley 1801 de 2016, dado que la figura de destrucción del bien, a diferencia delconcepto de confiscación, com-prende una forma legítima y justificada de afectación de la propiedad, sin indemnización, propia del derecho policivo, la cual procede “por motivos de interés gene-ral (...) cuando implique un riesgo o amenaza a la con-vivencia o al ambiente, o sea utilizado de manera ile-gal con perjuicio a terceros”. -El instituto regulado en el literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, contiene una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, cuya verificación se demuestra a través del proceso verbal inmediato consagrado en el artículo 222 del CNSCC, al cual alude el decreto 1844 y en el cual se deben garantizar cabalmentelas reglas del de-bido proceso.”


Problema jurídico 2: ¿Se deben modular los efectos de la sentencia para precisar que el Decreto 1844 de 2018 debe ser considerado legal en el entendido que el porte y tenencia de las sustancias psicoactivas que se consideran prohibidas, enumeradas en su ar-tículo 1°, solo pueden entenderse ajustadas al orde-namiento si se aplican en concordancia con las conductas o comportamientos descritos en el Có-digo Nacional de Policía y Convivencia y no de forma aislada y autónoma, además que dichas prohibicio-nes se deben precisar de manera razonable y propor-cionada acorde a lo establecido por la sentencia C –253 de 2009?


Tesis 2: “[L]a Sala encuentra que la aplicación de di-cha figura al asunto sub examine resulta indispensa-ble, dado que, como lo precisaron los demandados, las “autoridades policiales necesitan contar con una herramienta jurídica apta e idónea para detectar ins-tanciasde lesividad o de antijuridicidad en el ejerci-cio de las actividades de tenencia y consumo de dro-gas, e intervenir como corresponde para proteger los derechos ajenos y el orden público social”; pero tal propósito no puede desconocer la órbita personal de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores que con su actuar no lleguen a afectar a terceros o a otros bienes jurí-dicos indisponibles. Por ello, y dadas las particulari-dades del caso, la Sala estima necesario determinar el alcance que se debe tener en cuenta para la apli-cación del decreto 1844, de conformidad con las consideraciones plasmadas en esta providencia y con las precisiones efectuadas por la Corte Consti-tucional en la jurisprudencia analizada en los acápi-tes VII.3.1, VII.3.3 y VII.3.4 de esta decisión. Con base en tal premisa, se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído que el decreto 1844, en relación con las conductas asociadas al porte, tenencia y pose-sión de SPA, debe aplicarse cuando talescomporta-mientos traspasen la esfera íntima del consumidor en los siguientes eventos: i) por la comercialización y distribución de SPA, o ii) porque se afecten los de-rechos de terceros o de la colectividad. Finalmente, y en cuanto a la solicitud del agentedel Ministerio Público relacionada con la modulación de la aplica-ción del decreto 1844 con ocasión de la sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional, en la que se declararon inexequibles las expresiones “alcohóli-cas” y “psicoactivas” contenidas en los artículos 33 (literal c, numeral 2º) y artículo 140 (numeral 7º) de la Ley 1801 de 2016, la Sala estima procedente pro-nunciarse sobre este particular.Al respecto, sea lo primero señalar que el juicio de legalidad del decreto 1844 se realizó a la luz de las circunstancias de he-cho y de derecho existentes al momento de su expe-dición, por lo que la decisión de inexequibilidad no tuvo incidencia en el juicio de validez realizado. No obstante lo anterior, con miras a la eficacia del de-creto en mención y para efectos de una correcta apli-cación del mismo, tal y como lo solicitó el represen-tante del Ministerio Público, resulta ineludible acoger lo dispuesto en la decisión de inconstitucionalidad, en tanto dicha providencia -como antes se indicó-guarda relacióncon lo previsto en los artículos 33 (li-teral c, numeral 2º) y 140 (numeral 7º) de la ley 1801, preceptos que, de una parte, sirven de fundamento parcial del acto acusado; y de otra, comprenden comportamientosasociados al porte -tenencia o po-sesión-de SPA, asunto que ahora ocupa la atención de esta autoridad judicial.En tal sentido, la Sala pre-cisa que las conductas reguladas en los artículos an-tes mencionados y que están asociadas al consumo, únicamente podrán ser corregidas por la Policía Nacional cuando las autoridades competentes cum-plan con los parámetros de reglamentación ordena-dos por la Corte Constitucional en la plurimencio-nada sentencia. Esto es, una vez las autoridades respectivas fijen, “dentro de los límites que impone el orden constitucional” y de manera “razonable y proporcionada”, las circunstancias de modo, tiempo, espacio y lugar, en virtud de las cuales el acto de con-sumo afecta el orden público, tal y como se dispon-drá en la parte resolutiva de este proveído.”


Enlace al documento completo:

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/232/11001-03-24-000-2018-00387-00.pdf

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