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Término de caducidad de la acción de reparación directa, en casos de lesiones personales

El cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa, en casos de lesiones personales, inicia desde que se tiene conocimiento del daño y no en la fecha en que se define la magnitud de este.


Síntesis del caso: El 30 de septiembre de 1998, el demandante ejerció una acción de reparación directa contra la Nación –Ministerio de Defensa– Policía Nacional, por los daños sufridos el 20 de abril de 1995, mientras prestaba el servicio militar obligatorio. El Consejo de Estado –Sección Tercera, Subsección A– revocó el fallo de primera instancia, por el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción. Esta Corporación, en sede de tutela, confirmó que la autoridad judicial accionada no incurrió en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado sobre el cómputo del término de caducidad en los casos de lesiones a la integridad personal.


ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DE LESIONES PERSONALES- Lo determina el conocimiento del daño y no la fecha en la que se define la magnitud del mismo / DAÑO AL CONSCRIPTO


Problema Jurídico: ¿La sentencia de 3 de octubre de 2019, dictada por el Consejo de Estado –Sección Tercera, Subsección A– vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe de la parte accionante, al declarar la caducidad de la acción de reparación directa?


Tesis: “[L]a autoridad judicial accionada consideró, después de valorar las pruebas obrantes en el expediente del proceso de reparación directa, que el daño sufrido por el accionante fue ocasionado por una fractura de la pierna derecha, acontecida el 20 de abril de 1995, durante un procedimiento policial, sin embargo, pese a que en la demanda ordinaria se refiere el 22 de mayo de 1998 como la fecha en la cual tuvo conocimiento de la gravedad de la lesión, la Sección Tercera indicó que este evento no podía considerarse relevante para efectos del conteo del término de caducidad, por cuanto esto corresponde, a lo sumo, al agravamiento del daño por el que se demanda, dado que se desconoce cuál hubiera sido el resultado de tal procedimiento, y menos se podría concluir que se trató un daño sucesivo acaecido en una fecha posterior a los hechos que se imputan a las entidades demandadas, pues resulta claro que los daños por lo que se demandó corresponden a la intervención quirúrgica del 28 de abril de 1995. (…) Al respecto, si bien la parte accionante considera que estas conclusiones a las cuales arribó esta Corporación desconocen los precedentes judiciales en materia de caducidad, lo cierto es que se basan en la jurisprudencia de la Sección Tercera según la cual el cómputo de dicho término en los casos de lesiones a la integridad de las personas lo determina el conocimiento del daño y no la fecha en cual se conoce la magnitud del mismo. (…) Descrito lo anterior, esta Sala de Subsección advierte que las conclusiones a las que llegó la parte accionada para resolver el caso y negar las solicitudes del demandante no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del caso, lo que impone negar el amparo solicitado, precisamente porque la intervención del juez de tutela se activa solo en los casos específicos en que se evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al punto que se torna arbitraria.”


Fuente:

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/229/11001-03-15-000-2019-04770-01.pdf

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