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Vida digna y salud en establecimientos carcelarios

A toda persona privada de la libertad se le deben respetar y garantizar sus derechos a la vida digna y a la salud, mediante instalaciones sanitarias higiénicas, accesibles y suficientes dentro del establecimiento carcelario.


Síntesis del caso: El Procurador 292 Judicial I Penal de San Andrés ejerció una acción de tutela, con el fin de solucionar la crisis sanitaria que enfrentan los internos del Establecimiento Carcelario La Nueva Esperanza, debido al mal estado de los baños de los patios 1 y 2. El Consejo de Estado ratificó la orden impartida por el a quo al Departamento de San Andrés, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al establecimiento carcelario, para que, en el marco de una mesa interinstitucional, adelanten las gestiones contractuales y administrativas que permitan mejorar las precarias condiciones de salubridad de los internos. Por otro lado, la Corporación adicionó la sentencia impugnada, para establecer un plazo de dos meses para solucionar la falta de baterías sanitarias en el establecimiento carcelario.


ACCIÓN DE TUTELA / POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA, A LA SALUD Y A LA DIGNIDAD HUMANA - Por falta de instalaciones sanitarias higiénicas, accesibles y suficientes que aseguren privacidad y dignidad


Problema Jurídico: ¿“[L]as entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la población que se encuentra recluida en la Cárcel Nueva Esperanza de San Andrés, por la omisión de realizar las adecuaciones necesarias de infraestructura dirigidas a que los internos del establecimiento cuenten con baterías sanitarias en condiciones que permitan su uso en condiciones de higiene óptimas”?

Tesis: “[L]a administración cuenta con la facultad de limitar o suspender algunos de los derechos de la población recluida en establecimientos carcelarios, pero, al propio tiempo, acentúa las obligaciones que le son inherentes frente a aquellas, pues, “[…] le impone un deber positivo de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales que no permiten limitación en razón a la especial situación de indefensión en la que se encuentran los reclusos”. (…) Se ha precisado que el predominio jerárquico de una parte sobre la otra no afecta el núcleo de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad, en tanto estas no pierden la calidad de sujetos activos de derechos al ingresar al centro de reclusión. (…) Bajo esa premisa, gozan del ejercicio de bienes fundamentales básicos en forma plena, como la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana. (…) Ahora bien, en cuanto a los problemas estructurales de fondo que enfrenta el sistema carcelario y penitenciario, el cual ha conducido a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, la Corte ha sido enfática y reiterativa en señalar que, al margen de esa situación, el Estado tiene el deber irrenunciable de satisfacer unos presupuestos materiales que garanticen el derecho a la vida en condiciones dignas de estas personas. (…) Así pues, la población privada de la libertad tiene derecho a instalaciones sanitarias higiénicas, accesibles y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, por cuanto la deficiencia de estas constituye una grave afectación del derecho a la vida y a la salud. (…) No se puede perder de vista que debido a la inadecuada infraestructura del centro carcelario, está en riesgo la vida y la salud de la población que se encuentra privada de la libertad, en la medida en que no tienen acceso a instalaciones sanitarias en condiciones óptimas de higiene para ser utilizadas, lo que deviene en un incumplimiento de las obligaciones básicas y mínimas a cargo del Estado.”


Fuente:

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/229/88001-23-33-000-2019-00053-01.pdf

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